EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

REPRIMEN A OPOSITORES EN VENEZUELA PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Miércoles 19 de Abril de 2017 14:43

CARACAS. Policía y militares venezolanos lanzaban gases lacrimógenos contra opositores que se manifestaban este miércoles en distintos puntos de Caracas, para impedir que avancen hacia el centro de la capital.

Los disturbios estallaron en sectores de la estratégica autopista Francisco Fajardo, en El Paraíso, Quinta Crespo, San Bernardino y San Martín, en el oeste de la ciudad, constaron periodistas de la AFP.

En San Bernardino, noroeste de la capital, un joven de 17 años resultó herido de bala en la cabeza, al ser alcanzado por disparos de un grupo de hombres en moto que también lanzaron bombas lacrimógenas contra una concentración opositora, narraron testigos a la AFP .

La Fiscalía confirmó en un boletín que ya inició la investigación del caso.

En el Paraíso, agentes de la militarizada guardia nacional trataban de dispersar con gases a los manifestantes. “Cobardes” , gritaba un grupo de mujeres frente a la comandancia local de ese cuerpo de seguridad.

Un grupo de jóvenes rompía aceras en una calle de esa zona para armarse de los trozos de cemento, mientras que otros quemaban basura y en varias viviendas sonaban cacerolas.

En lo que prometió como “la madre de todas las marchas”, la sexta en abril, la oposición exige elecciones generales y respeto al Parlamento, único de los poderes públicos que controla. Las anteriores protestas dejaron cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

Los opositores convocaron manifestaciones en todas las ciudades de Venezuela, y en la capital establecieron unos veinte puntos de concentración para luego confluir en el centro histórico de Caracas, donde también se movilizan miles de seguidores del gobierno.

Maduro descartó que la protesta de sus adversarios pueda llegar al corazón de la ciudad, como tampoco pudieron hacerlo las cinco anteriores, y activó un operativo policial y militar especial para este miércoles.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó este miércoles a los organismos de seguridad del Estado “garantizar” el derecho a la manifestación pacífica, tal y como lo hicieron en estos días once países latinoamericanos.

Las manifestaciones iniciaron tras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia con las que se adjudicó las competencias del Legislativo y retiró la inmunidad de los diputados, despertando una protesta diplomática internacional que lo obligó a dar marcha atrás.

 

FUENTE ABC DIGITAL

 
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