EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

MOPC FRENÓ PARTICIPACIÓN DE FIRMAS LOCALES EN OBRAS CON ALTAS EXIGENCIAS PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Martes 14 de Febrero de 2017 09:55

Las compañías foráneas llegaron al país solo con sus nombres y subcontrataron a las locales para ejecutar las obras. Cavialpa resaltó que las nacionales no tenían posibilidad de participar.

Al respecto, Emilio Gill, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), reiteró que "el nivel de requisitos que se exigieron para esas obras (adjudicadas a las foráneas) hizo que las empresas nacionales no pudieran participar". Por ejemplo, recordó el caso de Metrobús, donde solamente podían participar consorciadas a las extranjeras. Lo mismo pasó en el caso del superviaducto, la reconstrucción del tramo La Patria-Infante Rivarola de la Transchaco, entre otras (ver adjudicaciones en la infografía).

"No teníamos posibilidades de participar. Los requisitos de experiencia, de disponibilidad de equipos y de capacidad económica financiera eran de mucha exigencia y solo las extranjeras podían cumplir", aseveró. Reiteró que la única excepción fue el llamado para el asfaltado de la ruta 8 Caazapá-Yuty, donde pudieron participar, pero finalmente ganó la empresa coreana, que hoy ya acumula un atraso de casi un año en la ejecución.

Sin embargo, vale señalar que la mayoría de las empresas que se quedaron con las obras de gran envergadura poco o nada invirtieron en máquinas o equipos. Llegaron al país solo con sus nombres y hoy subcontratan a empresas locales para ejecutar las obras que ganaron.

Asimismo, las que se aliaron con las locales no realizan ningún trabajo en la zona de obras. Tal es el caso de la firma brasileña Mendes Jr Trading e Engenharia SA, que se consorció a la empresa local Tecnoedil SA para el mejoramiento de la ruta Curuguaty-Villa Ygatimí-Ypejhú, donde todas las responsabilidades de construcción recayeron sobre Tecnoedil SA.

Gill puntualizó además que los ahorros de los que habla el ministro, Ramón Jiménez Gaona, solo se sabrá cuando concluyan las construcciones. "Pensaron que la capacidad de las empresas paraguayas no estaba a la altura de las obras. Hicieron una evaluación errónea de la capacidad de las empresas locales. Lo que a las empresas paraguayas nos importa es que midan cuál es nuestra capacidad de gestión y ejecución de obras terminadas. Hoy estamos demostrando nuestra alta capacidad", aseveró.

De acuerdo con una revisión de los llamados que realizó el MOPC entre el 2014 y 2016, las compañías de otros países se quedaron con obras por casi USD 850 millones (al cambio del día) con la administración actual. En el periodo mencionado fueron licitados proyectos por USD 1.316 millones. El resto se otorgó a firmas locales.

 

Fuente: Ultima Hora

 
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