EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

JUNTA DEL GUAIRÁ SESIONÓ EN LA CALLE Y BAJO LLUVIA PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Sábado 12 de Agosto de 2017 13:43

Ocho de los 13 concejales de la Junta Municipal del Guairá sesionaron en la calle y bajo la lluvia este sábado para demostrar que les bloquearon el acceso al edificio.

El concejal Javier Silvera propuso que los asesores jurídicos de la Junta Departamental, Roberto Arrúa Mendoza y Roque Paiva, intercedan en el caso y emitieran un manifiesto de repudio por la situación que se está viviendo en ese departamento, donde el gobernador Rodolfo Friedmann fue sacado del cargo tras una resolución del Tribunal Electoral de Villarrica, que colocó en su lugar a Óscar Chávez. Esto fue reportado por los corresponsales de ABC Color en la zona, Carlos Ávalos y Daniel Barrera.

Los ediles seguidores de Friedmann sesionaron durante 15 minutos en la vereda y bajo la lluvia para tratar el hecho como atropello. Ellos fueron: Leopoldina Castillo (ANR), Javier Silvera (ANR), Víctor Fernández (ANR), Rodolfo Pereira (ANR), Julio Rojas (ANR), Patrocinio Brítez (ANR), Darío Martínez (PLRA) y José Farías (PLRA). Otro hecho peculiar fue que el presidente de la Junta, Rodolfo Pereira, sesionó desde dentro de la Gobernación, detrás de las rejas.

DENUNCIAN AL JEFE DE POLICÍA Y A SUPUESTO GOBERNADOR DE GUAIRÁ

El asesor jurídico de la Junta Departamental de Guairá, Roberto Paiva, presentó hace minutos una denuncia fiscal contra el jefe departamental de Policía, comisario Omar Cousirat, por coacción grave y sitiar una institución pública. También contra el supuesto gobernador Óscar Chávez (ANR, cartista), por usurpación de funciones públicas en calidad de gobernador. A la vez, piden la detención de ambas personas.

Por último, solicitan a la fiscalía apersonarse en la Gobernación y lacrar todos los accesos para salvaguardar los documentos públicos de la entidad.

 

FUENTE: ABC COLOR

 
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