EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

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Escrito por Redaccion Central   
Miércoles 06 de Diciembre de 2017 16:48

El director de la Itaipú Binacional, James Spalding, informó que ya apartó del cargo de Superintendente de la entidad a Arturo Giménez. Sin embargo, el mismo tiene aun un importante cargo dentro de la hidroeléctrica.

Arturo Giménez tiene una denuncia sobre sus hombres, por presunto acoso sexual contra una funcionaria de Itaipú, Mariza Irigoyen. Tras las críticas contra el citado funcionario, este ayer puso su cargo a disposición.

Este miércoles Spalding, en rueda de prensa, dijo que decidió apartar del cargo de superintendente a Giménez mientras siga el sumario en su contra. “Yo creo que ya se ha visto que su abogado ha informado que ha puesto su cargo a disposición y la empresa ha cambiado al superintendente y tenemos a otra persona ocupando ese cargo hoy, que es Nélson García Zúñiga”, explicó el directivo.

Sin embargo, de acuerdo con datos a los que accedió ABC Color, Giménez tiene aún un importante cargo dentro de la hidroeléctrica. En setiembre de 2013 Giménez ya había sido designado como Gerente de la Dirección Administrativa de Itaipú.

En el documento, cuyo asunto se titula “Designación de Gerente de la Dirección Administrativa -AE”, se establece cuanto sigue: “Designar a Arturo A. Giménez Gallardo, para ejercer la función de Superintendente de Servicios Generales SG.AE, sin perjuicio de sus actuales funciones, en sustitución de Gustavo A. Ramírez Afara”.

Pese a “perder” el cargo de superintendente, no deja de tener el mismo rango de relevencia dentro de Itaipú. Además mantiene su salario de G. 45 millones al mes.

Cabe recordar el caso de la funcionaria de la binacional, Sandra Morales, quien en 2013 había denunciado a su encargado inmediato Osvaldo Martínez, jefe de la División de Seguridad, por supuestamente manosearla e incluso enviarle imágenes de sus partes íntimas.

En esa oportunidad Morales había recurrido como última instancia a Arturo Giménez, quien ya ocupaba el cargo de asistente del director administrativo, recordó Augusto Gernhofer, abogado de la denunciante en conversación con ABC Color días atrás.

“Ella comenta en su declaración que cuando tuvo el problema -estamos hablando de octubre de 2013- ella recurrió a este señor Arturo Giménez, pero le cita para hablar sobre el tema en el Hotel California de Ciudad del Este, donde va a hospedarse. Entonces, con mucho temor, ella no asistió y cuenta como una anécdota más de lo que ocurrió, teniendo la Itaipú su horario de trabajo, su oficina donde denunciar”, dijo Gernhofer.

 

FUENTE: ABC COLOR

 
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