EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

ENCUESTAS: LEY POCO CLARA PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Lunes 11 de Diciembre de 2017 08:24

Especialistas en legislación electoral discrepan sobre el límite de tiempo para la publicación en medios de comunicación de encuestas antes de internas partidarias

Algunos medios de comunicación publican hoy encuestas sobre la intención de votos para los precandidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), lo que despierta algunas dudas en torno a lo que establece la ley electoral del Paraguay.

El fiscal Rodrigo Estigarribia dijo a ABC Cardinal que, de acuerdo a una interpretación que rige desde 2008 gracias a una medida interpuesta ante la justicia, hoy es el último día para que el diario Última Hora pueda publicar encuestas. Sin embargo, hoy también publican encuestas diarios del Grupo Cartes, como La Nación.

A raíz de esto, sostuvo que la ley no es clara, ya que menciona que para las elecciones nacionales está prohibido este tipo de publicaciones desde 15 días antes de la fecha de sufragio, pero, de acuerdo a lo que interpretan algunas personas, para elecciones internas esto se reduce a la mitad del tiempo, es decir siete días.

Dijo que cualquier medio que publique desde hoy, que no sea Última Hora, se expone a una multa, ya que se configura como un delito electoral.

Por su parte, Carlos María Ljubetich, quien muchos años trabajó en la Justicia Electoral, dijo que la publicación de encuestas para las elecciones internas no está prohibida taxativamente o no está aclarada. “En todos los casos que la ley se refiere a las elecciones, se toma como exclusivo para elecciones nacionales. Como las internas se hacen en días sucesivos, tendríamos una serie de prohibiciones sucesivas. Las nacionales son las que tienen interés para toda la ciudadanía; las internas son solo para los afiliados a ese partido”.

A su criterio, esta prohibición ya es innecesaria en la actualidad. “Hoy, como los medios de comunicación y redes sociales funcionan, esta ley es totalmente inocua, no protege ningún derecho”.  Sostiene que la ley electoral no puede ser aplicada “si no tiene aplicación práctica, porque esa es una invitación a violentar la ley. De hecho, parece que hacemos leyes que no se pueden cumplir”.

 

FUENTE ABC

 
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