EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

EL INDI PROMETE “DESARROLLO INTEGRAL” DE COMUNIDADES NATIVAS “MÁS EXPULSORAS” PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Miércoles 10 de Enero de 2018 07:31

Este año priorizarán recursos para invertir en infraestructura y desarrollo integral de comunidades más conflictivas, cuyos pobladores viven una "carrera de relevos", yendo y viniendo del campo a la ciudad.

Problemas de convivencia y liderazgo en sus comunidades, reducción de montes cercados por alambradas y el avance de los cultivos son algunos de los factores que empujan a que los indígenas se instalen en las zonas urbanas, según Aldo Saldívar, titular del Instituto Nacional del Indígena (Indi).

En grandes camiones militares los llevan de regreso a sus asentamientos, pero luego de un tiempo vuelven otra vez. "Al año diez a doce veces les llevamos y vuelve la misma gente o es otro grupo. Hacen como una carrera de relevos, se les lleva a unos cuantos y vienen otros cuantos y así se repite el círculo", grafica.

El 80% del presupuesto del Indi estaba destinado a la compra de tierra. En este 2018 –según el titular del ente–, mediante una reingeniería presupuestaria, dispondrán de recursos para invertir en "infraestructura comunitaria" que permita el "desarrollo integral de las comunidades indígenas".

"Caminos de accesos en buen estado, sistemas de agua, apoyo para la actividad productiva, apoyo para la conservación de los bosques –enumera–; sobre todo, acompañamiento para el conocimiento de la distribución comunitaria de los recursos. Tampoco nos sirve que uno o dos líderes se queden con los recursos y el resto de la población siga sin tener acceso a esos recursos; eso es economía comunitaria", refiere al contraponer que "si bien en el país la tierra es comunitaria, la economía no es comunitaria".

Empezarán en los departamentos más expulsores, iniciando por Caaguazú. En efecto, las familias que viven en inquilinatos clandestinos –en la zona de la Terminal– provienen de varias comunidades ubicadas en ese punto del país.

"Estos que están acá tienen problemas de convivencia en sus comunidades, ya no quieren estar bajo ciertas condiciones que rigen la convivencia comunitaria. Ellos no respetan los liderazgos comunitarios, son violentos, prepotentes en cierta manera. Incluso son rechazados en sus respectivas comunidades", señala.

Es así que tienen que analizar con ellos –dice– porque se compraron propiedades en lugares donde hoy los indígenas dicen "yo no me quiero ir, no quiero ese, nadie me preguntó", reproduce al recalcar que la tierra ya fue adquirida por el Estado. "Esas inequidades generan estos problemas que ahora estamos teniendo, aparte de los problemas que ellos tienen con sus líderes en sus comunidades", menciona.

conflicto. De acuerdo con Saldívar, los problemas de convivencia germinaron cuando en la distribución de la tierra se produjeron inequidades. "En 50 hectáreas de terreno, hay 50 familias. En su momento no tenían fronteras, podían trasladarse de un campo a otro e ir a buscar sus necesidades. Pero hoy está todo alambrado y donde había monte, hay cultivos a lo mejor", apunta. Entiende que existen comunidades en Caaguazú, donde "son más visibles" las desigualdades en la distribución de las tierras comunitarias.

mendicante. Para Saldívar, la actividad mendicante de los nativos en la ciudad pasa no solo por un tema de subsistencia. "Hay una cuestión cultural, lo que antes recolectaban en sus comunidades y que era prodigado por la naturaleza, hoy lo recolectan en los semáforos", lanza sobre esa forma de sobrevivencia que los nativos llaman "poreka".

"Aún no pude trabajar con un presupuesto estructuralmente adecuado con lo que, creo, necesitan las comunidades indígenas", remata Saldívar, quien asumió la cartera de Estado en diciembre de 2015 y –según dice– recién en este año podrá ejecutar los planes de economía comunitaria señalados.

LAS CIFRAS
30 familias indígenas acampan frente al Indi; similar cantidad malviven en al menos cuatro inquilinatos infrahumanos.
80.000 millones de guaraníes aproximadamente es el presupuesto que tendrá el Indi en el presente
ejercicio fiscal.

 

Fuente: Ultima Hora

 
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