EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

MAGISTRADO HACE LUGAR A ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por jotaefeb   
Martes 05 de Enero de 2010 07:16

Juez suspende reposición de Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea

Fue ante una acción planteada por Emiliano Rolón Fernández quien se vio afectado por el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

El juez en lo civil y comercial, Nery Joel Kunzle, suspendió los efectos del fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el cual repuso como integrantes del máximo tribunal a los ex ministros Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos, destituidos por el Congreso a través de juicio político.

El magistrado camarista, Emiliano Rolón Fernández, presentó ayer una acción autónoma de nulidad contra la sentencia de la Corte, solicitando como medida de urgencia la suspensión de los efectos de la resolución. El fallo de la Sala Constitucional, firmada por los camaristas Meneleo Insfrán, Juan Francisco Recalde y Florencio Almada, ordenó la reincorporación inmediata de Fernández Gadea y Ríos Ávalos, pero ahora este paso dejó sin efecto el juez Kunzle, mientras se estudia el fondo del caso planteado. Las partes serán notificadas y de presentarse apelación seguirá el proceso hasta su definición.

Rolón Fernández se vio afectado por el fallo de la Sala Constitucional ya que el mismo forma parte de la terna de candidatos a miembro del máximo tribunal judicial para cubrir la vacancia dejada por Wildo Rienzi. Dicha terna integran además Agustín Lovera Cañete e Irma Alfonso de Bogarín, y se encuentra actualmente en la Cámara Alta.

De entre los tres candidatos la Cámara de Senadores había elegido a Lovera Cañete, en el mes de agosto del año pasado, pero el Ejecutivo vetó su nombramiento. La medida del presidente de la República generó opiniones dispares tanto a favor como en contra. La Cámara Alta del Congreso se había expedido luego de dos años de postergación y con la posición asumida por el Poder Ejecutivo, la confirmación del reemplazante de Rienzi sigue a la espera.

Desde que Lugo rechazó la designación de Lovera Cañete, un hecho sin precedente, el Senado todavía no analizó el tema. Algunos legisladores creen que ante la negativa del Ejecutivo el Consejo de la Magistratura debería conformar una nueva terna y reiniciar el proceso de selección. Otros sostienen que se puede designar a otro de la misma terna o rechazar la decisión del Ejecutivo.

Ayer, tras conocerse la resolución, Sara Parquet, esposa de Bonifacio Ríos Ávalos, dijo que va a denunciar al juez Kunzle ante el Jurado de Magistrado. Manifestó además que Rolón Fernández no tiene legitimación para promover una acción autónoma de nulidad.

El fallo

El pasado 30 de diciembre del 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los ex ministros de la máxima instancia judicial, Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos y los repuso en sus funciones.

El polémico fallo generó airadas reacciones, especialmente en el seno del Congreso, que convocó a una sesión extraordinaria para el sábado 2 de enero, donde resolvió desconocer la medida y amenazó con juicio político a los firmantes de la sentencia, los camaristas Meneleo Insfrán, Florencio Almada y Juan Francisco Recalde.

La resolución incluso señalaba que debía dejarse sin efecto la terna que actualmente se encuentra en el Senado para elegir al reemplazante de Wildo Rienzi, y que el Consejo de la Magistratura detenga el procedimiento para la selección de candidatos para el cargo dejado por José Altamirano.

 
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