EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

CAMACHO SE REFIRIÓ A LA LEY CONOCIDA COMO INFORCONF PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por jotaefeb   
Lunes 29 de Marzo de 2010 17:04

 

El asesor jurídico de la Presidencia, doctor Emilio Camacho, indicó hoy a los medios de prensa que la modificación de la ley de Inforconf, es un tema delicado, pues según dijo se trata de una ley que regula sobre el interés de la gente, en este caso un interés financiero. Acotó que la queja con respecto a la referida ley viene de parte de la ciudadanía que alega que sus nombres aparecen en Inforconf por causa de cuentas de baja cuantía, que les causa un perjuicio enorme.

El proyecto de modificación de la de la ley 1682 fue presentado por el diputado del Partido Unace, Ariel Oviedo, y ya cuenta con la sanción del Congreso.

Camacho acotó que hay que tomar las decisiones de acuerdo a la realidad. “Aquí tenemos un proyecto de ley sobre el cual se tendría que tomar una decisión”, mencionó el asesor jurídico.

Precisó que el tema requiere de un detenido estudio, por lo que no era conveniente adelantar una opinión. Es una ley que genera polémica y es un tema que vamos tener en cuenta, significó.

Recalcó que es preciso leer con detenimiento lo que dice la ley ya que se trata de un tema que afecta el interés general y sectorial de las personas, así como de las corporaciones. “Hay que leer con la madurez y responder de acuerdo a eso”, resaltó.

Destacó además que el Ejecutivo tiene que pronunciarse sobre la mencionada disposición en seis días hábiles si la ley cuenta con 10 artículos; 12 días hábiles tiene de 12 a 20 artículos y 20 días hábiles si son más de 20 artículos.

La modificación de la ley propone básicamente que las cuentas que no son reclamadas judicialmente no formen parte de la información proporcionada por las empresas que se dedican a dar datos financieros. Además establece que las deudas canceladas sean automáticamente retiradas de la base de datos de las mencionadas empresas. La actual legislación dispone que toda deuda, sea o no reclamada judicialmente, forma parte de la base de datos y del perfil del cliente y que la cancelación de la deuda no implica el retiro de la base de datos, sino hasta después de pasados tres años.

 
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