EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

POLICIA ABOGADOS NO PUEDEN EJERCER LA DEFENSA LEGAL DE NADIE SEGUN LA SFP PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Jueves 03 de Marzo de 2011 09:50


La Comandancia de la Policía Nacional dictó la Circular Nº 54,  por la cual se comunica al personal policial el Dictamen Nº 2686/2010 emitido por el Departamento Jurídico de la Policía Nacional referente a la incompatibilidad del ejercicio de la profesión de abogado privado para los oficiales, suboficiales y personal civil en servicio activo de la institución. La disposición está alineada a una política pública ejecutada por la Secretaría de la Función Pública en prevención del tráfico de influencias.

 

En su parte medular, el Dictamen de referencia señala que tanto el Código de Organización Judicial (Ley Nº 879/81) como la normativa policial vigente "determinan la prohibición del ejercicio de la profesión de abogado en forma particular al personal policial en actividad, dado que ser personal policial y a la vez desempeñarse como abogado en defensa de intereses particulares desata una incompatibilidad de roles o funciones que afecta el deber de independencia, imparcialidad y honestidad profesional que todo funcionario público debe observar".

 

 El Comisario General Comandante José Visitación Giménez Duré, Comandante de la Policía Nacional, recuerda de este modo la vigencia de esta prohibición a sus comandados, advirtiendo que su trasgresión constituye una falta a los deberes y obligaciones policiales.

La Secretaría de la Función Pública destaca la importancia de esta Circular para la promoción de la transparencia y la ética pública en el funcionariado, en todos sus niveles y carreras, y contribuye a su divulgación.

 

Incompatibilidad de roles

De conformidad con el Dictamen DGAJ Nº 611/2010 de la SFP, se trata de una restricción a la libertad del ejercicio de la profesión de abogado, “encaminada a prevenir el tráfico de influencias, la incompatibilidad de funciones y el conflicto de intereses entre los deberes inherentes al cargo en la función pública y los provenientes del ejercicio liberal de la profesión”.

Para la SFP, ser funcionario del Estado y a la vez abogado particular “desata una incompatibilidad de roles que afecta el deber moral y legal de actuar con imparcialidad desde la función pública”.

El dictamen de la SFP señala además que “la función pública debe ser imparcial es decir debe gobernar y administrar los servicios y las políticas públicas para todas las personas sin discriminaciones indebidas y sin someter las decisiones de la administración a preferencias o privilegios indebidos de grupos o personas, por encima del interés público”.

 

Recomendación a las autoridades

La Secretaría de la Función Pública en su momento recomendó a las máximas autoridades de los Organismos y Entidades del Estado que controlen que los funcionarios abogados y abogadas que conforman la planta permanente de sus instituciones no incumplan estas disposiciones legales.

Para el efecto sugirió que se solicite a la Corte Suprema de Justicia un informe al Registro de Poderes y a la sección de pago de tasas judiciales por cada uno de los funcionarios públicos abogados de la institución.

En caso de detectarse que el abogado ejerce la profesión de un modo indebido, se deberá instruir sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad en el caso, se deberá proceder a la destitución".

El dictamen destaca la sabiduría de la Ley que busca evitar que entre funcionarios públicos administrativos y judiciales se generen y establezcan redes de connivencia y colusión en perjuicio de los justiciables o del interés prevalente de la justicia.

 
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