Hora Paraguaya

POLICIA ABOGADOS NO PUEDEN EJERCER LA DEFENSA LEGAL DE NADIE SEGUN LA SFP PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Jueves 03 de Marzo de 2011 09:50


La Comandancia de la Policía Nacional dictó la Circular Nº 54,  por la cual se comunica al personal policial el Dictamen Nº 2686/2010 emitido por el Departamento Jurídico de la Policía Nacional referente a la incompatibilidad del ejercicio de la profesión de abogado privado para los oficiales, suboficiales y personal civil en servicio activo de la institución. La disposición está alineada a una política pública ejecutada por la Secretaría de la Función Pública en prevención del tráfico de influencias.

 

En su parte medular, el Dictamen de referencia señala que tanto el Código de Organización Judicial (Ley Nº 879/81) como la normativa policial vigente "determinan la prohibición del ejercicio de la profesión de abogado en forma particular al personal policial en actividad, dado que ser personal policial y a la vez desempeñarse como abogado en defensa de intereses particulares desata una incompatibilidad de roles o funciones que afecta el deber de independencia, imparcialidad y honestidad profesional que todo funcionario público debe observar".

 

 El Comisario General Comandante José Visitación Giménez Duré, Comandante de la Policía Nacional, recuerda de este modo la vigencia de esta prohibición a sus comandados, advirtiendo que su trasgresión constituye una falta a los deberes y obligaciones policiales.

La Secretaría de la Función Pública destaca la importancia de esta Circular para la promoción de la transparencia y la ética pública en el funcionariado, en todos sus niveles y carreras, y contribuye a su divulgación.

 

Incompatibilidad de roles

De conformidad con el Dictamen DGAJ Nº 611/2010 de la SFP, se trata de una restricción a la libertad del ejercicio de la profesión de abogado, “encaminada a prevenir el tráfico de influencias, la incompatibilidad de funciones y el conflicto de intereses entre los deberes inherentes al cargo en la función pública y los provenientes del ejercicio liberal de la profesión”.

Para la SFP, ser funcionario del Estado y a la vez abogado particular “desata una incompatibilidad de roles que afecta el deber moral y legal de actuar con imparcialidad desde la función pública”.

El dictamen de la SFP señala además que “la función pública debe ser imparcial es decir debe gobernar y administrar los servicios y las políticas públicas para todas las personas sin discriminaciones indebidas y sin someter las decisiones de la administración a preferencias o privilegios indebidos de grupos o personas, por encima del interés público”.

 

Recomendación a las autoridades

La Secretaría de la Función Pública en su momento recomendó a las máximas autoridades de los Organismos y Entidades del Estado que controlen que los funcionarios abogados y abogadas que conforman la planta permanente de sus instituciones no incumplan estas disposiciones legales.

Para el efecto sugirió que se solicite a la Corte Suprema de Justicia un informe al Registro de Poderes y a la sección de pago de tasas judiciales por cada uno de los funcionarios públicos abogados de la institución.

En caso de detectarse que el abogado ejerce la profesión de un modo indebido, se deberá instruir sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad en el caso, se deberá proceder a la destitución".

El dictamen destaca la sabiduría de la Ley que busca evitar que entre funcionarios públicos administrativos y judiciales se generen y establezcan redes de connivencia y colusión en perjuicio de los justiciables o del interés prevalente de la justicia.

 
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