Pese a existir una orden de desalojo firmada el 19 de diciembre pasado, la Policía no actúa para desocupar las tierras privadas en las cuales acampan los “carperos”. Se esperaba que la disposición judicial se cumpla este viernes; sin embargo, los agentes argumentan que necesitan “prever todos los detalles”.

Explicó que la institución necesita contactarse con representantes de instancias de defensa de derechos humanos antes de proceder a la diligencia.

Comentó que deben comunicarse con dependencias del Congreso Nacional y del Ministerio del Interior antes de actuar. “Estamos reuniendo los requisitos”, refirió.

Garantizó, sin embargo, que la orden de desalojo se ejecutará. “Es un mandamiento judicial, que se cumple”, aseveró.

El comisario evitó dar a conocer el día en que se materializará la desocupación de los inmuebles en Ñacunday. “Ya van a tener conocimiento”, se limitó a señalar.

La orden judicial, que data del 19 de diciembre pasado, fue firmada por el juez Rafael Jacobo.

El ministro del Interior, Carlos Filizzola, habría intentado evadir el cumplimiento de la medida; sin embargo, en la víspera oficiales de justicia entregaron la notificación a Rubenich Rutsatz, una de las personas afectadas por las invasiones, y los propios “carperos”.