"Hora del coraje y de decisión".

De los tres poderes del Estado que el mundo occidental generalizadamente acepta, el que corre con más responsabilidad cuando el gobierno funciona mal es el Legislativo. Es el que puede hacer comparecer al titular del Ejecutivo y juzgarlo, que no es igual a castigarlo ni humillarlo, para que explique actos suyos que parecen gravemente erróneos. El Congreso no solo puede sino debe controlar la calidad de la administración del Estado.

Parece que ha llegado la hora de asumir el Poder Legislativo esa función tan delicada y fundada muy principalmente en el celo patriótico.

El presidente Lugo una vez más ha usado mal de sus atribuciones legales. Ha cesado en sus funciones a dos embajadores del Paraguay, una de ellos en un país hermano, socio del Mercosur, al cual nos unen intereses comunes como países pequeños en esta alianza en la que los mayores no se comportan como buenos vecinos, socios y hermanos. La remoción fulminante de la embajadora Mirta Vergara de Franco sorprende al Uruguay y a la comunidad internacional, denota la falta de seriedad de nuestras relaciones, el capricho irracional con que se gobierna este que pretende ser un país democrático y el carácter prepotente de su gobierno.

La inestabilidad de los altos funcionarios de la administración Lugo es ya una constante. Ministros, cabezas de entes de primera importancia y otros funcionarios han sido víctimas de despidos descorteses, groseros, injustos e inexplicables, o al menos no explicados. Las buenas maneras en las relaciones humanas tienen importancia; están vinculadas con el relacionamiento social, que el presidente de la república también debe cuidar con su acción y con su ejemplo; no puede comportarse como un bruto. Pero más importante que su falta de don de gentes, es la ignorancia manifiesta del presidente de un principio mayor de la buena administración: la estabilidad del personal. Un jefe que no sabe elegir las personas que le ayudarán en su gestión es mal jefe. Un nuevo miembro de una organización tarda cierto tiempo en familiarizarse con su ambiente, y mientras tanto no puede rendir. Pero le corre el sueldo, se enlentece la administración y crece el riesgo de que el novato cometa errores. Cuanto más importante el funcionario en juego, mayores las consecuencias. El presidente Lugo no comprende estas cosas, y sería, desde luego, algo ilusorio pedirle más a quien no pasó de administrar, probablemente mal, una diócesis religiosa de la cual no salió por una puerta grande. Pero ahora está en la administración pública y es de nuestro interés que administre bien.

El presidente Lugo, como cualquier persona, tiene su personalidad, una suma de rasgos que lo caracterizan. Entre esos rasgos no figuran su don de mando, su autoridad personal, la que emana de su sabiduría y de su conducta; el coraje moral para imponer valores capitales, como la honestidad, que un jefe impone en su organización con el ejemplo y con severa ecuanimidad. Por el contrario, un amplio sector de la población ve en el presidente Lugo otro gobernante deshonesto con seguidores sinvergüenzas; nadie teme ni espera que persiga la corrupción; sus frecuentes viajes costosos saben a desinterés en la administración austera; y hasta su aspecto personal, con esa vestimenta que no es civil ni eclesiástica, y su conocida sonrisa tonta hacen que no se lo respete y la burocracia estatal carezca de mística y de unidad de dirección.

El crecimiento poblacional, sumado a las condiciones económicas, sociales y políticas, nos está llevando a un estado espiritual violento. La violencia física no es sino una manifestación de ese espíritu violento que nos sobrepasa. La gente se siente irritada, las reacciones son vivas, la gentileza desaparece, los insultos aumentan, la persona extraña no se respeta. Es cierto que este fenómeno es cultural, pero es indiscutible que buenos líderes, referentes sociales virtuosos tienen un gran papel en la conservación y en el cultivo de los valores legítimos deseables. Lugo permite que crezca la violencia en todos los rincones. Se mantiene lejos de la gente, rodeado de sus relaciones y de sus socios, dándose la gran vida. También en esto es mal jefe.

La Constitución prevé cómo se constituye y funciona el Poder Judicial, que debe ser independiente, pero un presidente de la república decidido a limpiar el sistema judicial puede hacerlo sin violentar las leyes. Solo tiene que tener el coraje de enfrentar a los corruptos y exigirles, respaldado en el pueblo decente y en la moral, que se alejen de sus cargos. Y debe exigir también al Congreso que cumpla sus funciones. El pueblo saldría a las calles en mares de ciudadanos indignados y llevaría como abanderado al presidente que se animara a redimirlo. Pero de Lugo no se puede esperar ya esto tampoco.

Resumiendo lo dicho sin profundizar, decimos que no conviene que el país siga esperando hasta que Lugo se vaya: debe irse ya previo juicio político. Y el Congreso nacional tiene la palabra.-

Carlos J. Ardissone V.